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El 1 de noviembre de 2005 los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica catalana, daba el salto cualitativo más importante desde el inicio de su despliegue por el territorio de Cataluña, iniciado once años antes: se desplegaba en Barcelona, sustituyendo a la Policía Nacional salvo en unas pocas competencias que mantenía este último cuerpo, del mismo modo que ocurría con la Guardia Civil. Tres años después culminaba el proceso de despliegue en las comarcas de Tarragona. Se terminaba así un lento proceso de sustitución por parte de los Mossos d´Esquadra, una policía integral, constituida en democracia, con un componente nuevo y un nuevo ideario, agentes jóvenes, se decía, la mayoría de ellos nacidos mucho después de la dictadura, con un carácter como cuerpo progresista y por tanto una policía bien integrada en la sociedad catalana a la que iba a servir con dedicación y empeño.
Así era la imagen que se quería dar de la nueva policía.
Pero casi a los veinte años de iniciado el proceso de despliegue y a los ocho años de haber comenzado su andadura en la capital catalana nos encontramos con una crisis profunda en la actuación y en la imagen, sobre todo en la imagen idílica que se quiso dar, de los Mossos d´Esquadra. Por de pronto, tres procedimientos judiciales graves se siguen en estos momentos en los Juzgados de Barcelona. El primer es el que afecta a Esther Quintana, una mujer a la que se hirió con gravedad al terminar la manifestación de la última huelga general y que como consecuencia, presuntamente, de una bala de goma, perdió un ojo, de lo cual la Consejería de Interior y los propios Mossos han dado nada menos que cinco versiones a medida que salían nuevas pruebas, testimonios y vídeos que desmentían las anteriores, dejando evidente la mala coordinación, por no decir nula o algo peor, de la Conselleria. El segundo es el del periodista Bertrán Cazorla, que fue detenido el pasado 15 de junio cuando recriminaba una actuación policial junto a la comisaría de Ciutat Vella, céntrico barrio de Barcelona. Y el último, y con peores consecuencias, es el de la muerte de Juan Andrés Benítez el pasado 5 de octubre cuando fue reducido por ocho agentes de los mossos y de lo cual también hubo vídeos y declaraciones que ha llevado al Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona a abrir un procedimiento e imputar a los ocho agentes y a tomar la propia policía autonómica medidas cautelares sobre ellos.
Hay que añadir a estos tres casos otras denuncias y sentencias condenatorias de malos tratos que han recaído sobre agentes de los Mossos. Pero también actuaciones cuanto menos cuestionables de la Policía Autonómica como fueron, por dar algunos ejemplos, el desalojo de la Universidad de Barcelona y posterior manifestación durante las protestas por el plan Bolonia en 2009, las últimas huelgas generales durante las correspondientes jornadas y manifestaciones –con las impactantes imágenes de los agentes de la BRIMO (antidisturbios) agrediendo a menores en Tarragona o disparando gases en una masiva manifestación en el centro de Barcelona- o el desalojo de la Plaza Cataluña de la capital catalana el 27 de mayo de 2011. Hay otros casos sin tanta relevancia social o mediática, pero indicadores de que algo pasa en este cuerpo policial, pero sobre todo en la gestión de los mandos y de los responsables políticos.
Porque los Mossos han recibido siempre el apoyo de sus responsables político.
Cuatro han sido los Consejeros de Interior que han dirigido este cuerpo policial desde su despliegue en Barcelona: Montserrat Tura (PSC), que fue quien dirigió el cambio de policía en la capital, Joan Saura (ICV-EUiA), tal vez quien tuvo más enfrentamientos con los Mossos en parte por sus acciones de control de los malos tratos en comisaría al colocar cámaras en las instalaciones policiales, Felip Puig (CiU), que se vio especialmente salpicada por el asunto de Esther Quintana y que, tras la dimisión de Sergi Plà, comisario general del Área de Recursos Operativos de los Mossos, fue sustituido al frente de la Consellería por Ramón Espadaler (CiU), todavía hoy en su cargo.
Los cuatro han sido cuestionados por los movimientos sociales y por numerosos activistas al dejar un gran margen de maniobra a los Mossos, amparando sus acciones, incluso cuando resultaban a todas luces desmedidas, o reaccionando de un modo descontrolado, improvisando incluso, como en el caso de Puig, cuando el desaguisado resultaba evidente y nefasto en lo que se refería a Esther Quintana. Aún hoy, ante el asunto de Juan Andrés Benítez, el Conseller Espadaler defiende a los Mossos a capa y espada, lo que sería en cierto modo lógico desde un punto de vista del sistema, pero sin un ápice de crítica interna, intentando además desprestigiar el informe de la Policía Nacional, cuerpo al que el Juez de Instrucción encargó la investigación, acudiendo a la recurrente conspiración externa, y sólo cuando se imputó a los agentes aceptó tomar medidas internas contra los mismos, pero manteniendo en su cargo a Manel Prat, Director General de los Mossos d´Esquadra, aun cuando todos los partidos de la oposición cuestionan de diferente manera e intensidad a este responsable y sólo CiU y, curiosamente, ERC lo apoyan. Curiosamente porque ERC ha sido muy crítico en otros momentos con los Mossos y ahora parece movido por su situación de apoyo desde fuera al Gobierno de Mas, por mucho que ambas fuerzas hayan decidido eliminar el año próximo las balas de goma, lo que es más bien una cesión a los movimientos sociales que lo estaban reclamando en un momento de profundo cuestionamiento de la Policía Autonómica.
La caída en picado del prestigio de los Mossos está coincidiendo además con el intenso debate soberanista y desde el nacionalismo conservador o pseudoprogresista hay quien comenta que tal vez haya un intento de desprestigiar las instituciones catalanas. De nuevo CiU echa balones fuera para situar una vez más las causas de todo lo que sucede en el país fuera de Cataluña en vez de asumir las responsabilidades en una mala gestión, la suya propia y la de sus predecesores en el cargo, incluida la de Joan Saura, en algún momento demonizado desde la actual coalición gobernante. De nuevo la derecha catalana y sus socios de ERC –por mucho que marquen distancia por razones electoralistas son socios y corresponsables de la gestión de gobierno- rechazan aceptar que su gestión es negativa, todo lo malo que ocurre en el país procede de fuera, del Estado Español o de la mala fe de los críticos, ellos al fin y al cabo, están convencidos de eso, son el país y nada puede enturbiar su proyecto de sociedad clasista y, por lo que se ve, autoritario.
Porque lo que en definitiva se pone en la piqueta es, a todas luces, un modelo policial.
Salta a la vista que el modelo policial no es ni de lejos el de esa policía cercana, democrática, progresista, servidora de la sociedad e identificada con el país en el que se sirve que se ha querido dar en un principio. Sobre todo porque no hay que engañarse: cualquier cuerpo policial, reflejo del sistema político y social en el que se encuadra, sirve a los intereses dominantes de la sociedad en la que realiza sus funciones y, como en otros ámbitos, conseguir una mayor democratización de la policía y un respeto de los derechos básicos es fruto de una lucha social amplia, y en estos momentos estamos en claro retroceso.
CiU, cuyos responsables prepararon en los ochenta el terreno de lo que sería la policía catalana, tenía en mente una idea de país y de sociedad que no era otro que un país de orden, su orden capitalista, léase, sin más disidencias que las autorizadas. La Policía Autonómica no iba a ser, por tanto, muy diferente a otros modelos policiales que imperaban e imperan en el resto de Europa Occidental. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los trabajadores de PANRICO de Santa Perpetua de la Moguda vigilados muy de cerca por la muy cuestionada BRIMO en la realización de sus protestas, sin que nadie tenga en cuenta la gestión empresarial de los propietarios actuales.
Esto lo sabemos, como sabemos que la construcción de instituciones propias en Cataluña, fruto de una reclamación legítima de autogobierno, que en nuestra opinión debe de ser consecuencia de un derecho inalienable de autodeterminación, ha servido a la derecha catalana y a la burguesía del país para imponer su propio modelo de sociedad en la que la represión de toda disidencia y la utilización del miedo como herramienta política y social resultan evidentes.
Aun así, resultan inaceptables ciertas prácticas.
Tenemos que exigir el esclarecimiento de todos los casos abiertos y la depuración de los responsables de malos tratos y torturas. Nos parece inadmisible que algunos condenados por tortura hayan sido luego indultados por el Gobierno del Estado, lo que se convierte en impunidad. En un momento de crisis, además, hemos de rechazar la represión contra el movimiento obrero y los movimientos sociales, represión física y criminalización que busca mantener un orden social en el que nosotros no cabemos.